La Secretaría de Bienestar Social – SBS- junto al Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensa Pública Penal, suscribieron un convenio para la implementación del Sistema Integrado de Justicia Penal Juvenil para la atención especializada de adolescentes en conflicto con la ley penal.
En la mesa principal estuvieron presentes: Ana Patricia Contreras Mejía, Secretaria de Bienestar Social; María Consuelo Porras, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público; Nester Vásquez Pimentel, Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; Idonaldo Fuentes, Director del Instituto de la Defensa Pública Penal y como testigos de honor Claudia Caterina Maselli, Procuradora Adjunta II de los Derechos Humanos.
La Firma del convenio, tiene como objetivo dotar de herramientas con fundamentos, principios, directrices y estándares para la administración de justicia penal juvenil, con fines sociales y pedagógicos, por medio de una justicia especializada con perspectiva de género y pertinencia cultural.
Al mismo tiempo, busca brinda atención especializada, integral, organizada y sistemática en los casos de adolescentes que enfrentan un proceso penal, a fin de responder al perfil especifico de cada persona y que permita brindar alternativas a la solución del proceso.
La Secretaria de Bienestar Social, Patricia Contreras, agradeció la coordinación interinstitucional para agilizar procesos en favor de adolescentes que cumplen una sanción. Resaltó que la –SBS– que administra los centros juveniles de reclusión, ya puso en marcha el Modelo de Gestión Juvenil, único en la región, para garantizar una reinserción exitosa.
Contreras agregó que con intervención de la -SBS-, 101 adolescentes hombres y mujeres que culminaron su sanción fueron reinsertados laboralmente durante el 2019, con esto se reduce el índice de reincidencia en adolescentes que han cumplido un proceso con la ley penal.
Por su parte la Fiscal General María Consuelo Porras, resalto que se está garantizando que las herramientas respondan a los estándares nacionales e internacionales del Sistema Integrado de Justicia Penal Juvenil para la Atención Especializada de Adolescentes en conflicto con la ley penal.
