AUMENTA EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL

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El uso de videoconferencias se ha vuelto primordial para agilizar los procesos en el Sistema de Justicia Penal Juvenil, y desde 2018, la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, priorizó la ejecución del convenio firmado entre el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST- y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS-.

Como resultado, el año pasado se realizaron 214 videoaudiencias, una cifra que sobrepasa las de 2016 y 2017, cuando se realizaron 15 y 95 respectivamente. En los primeros tres meses de 2019 ya se han realizado 81, con lo cual se prevé cerrar con un aumento de este tipo de servicios por tercer año consecutivo. 

Entre las salas que más utilizan el sistema de videoconferencias están las de Mazatenango, Suchitepéquez; Izabal y el Juzgado Noveno de Guatemala y según las estadísticas, en 2018 los meses en los que se realizaron mayor cantidad de vistas fueron, febrero, agosto y junio.

De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización, en 2018 se dio continuidad a la entrega de los equipos donados como parte del convenio con el programa de SEJUST, dejando instalado un equipo de videoconferencia por cada Centro Juvenil de Privación de Libertad.

La única correccional donde hay dos equipos a disposición debido a la demanda de traslados a los diferentes juzgados del país, es el Centro Juvenil de Detención Provisional –CEJUDEP-, ubicado la zona 13.

La medida no solo ha agilizado los procesos, sino que ha resguardado la integridad física de los menores en conflicto con la ley penal, al no ser trasladados a los diferentes juzgados, así como también se ha reducido el acompañamieto de agentes de la Policía Nacional Civil, monitores de la SBS y otros recursos como vehículos.

En febrero pasado, las autoridades del Organismo Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal y SBS firmaron un convenio para dar continuidad a este sistema, que permite garantizar a los jóvenes su acceso a la justicia sin peligros y su revictimización secundaria.