Como parte de la conformación de las mesas de alto nivel y técnica, representantes del Organismo Judicial realizaron un recorrido en las instalaciones de los centros de juveniles de privación de libertad, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.
El recorrido se realizó en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones – CEJUPLIV- Gaviotas, y en el Centro Especializado de Reinserción -CER1-, donde, además de conocer las instalaciones, también se evidenciaron los procedimientos en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
En ambos centros se visitaron las áreas de internamiento, donde los magistrados y juezas tuvieron la oportunidad de conversar con los adolescentes; además de los espacios asignados para la educación, así como la formación y capacitación técnica; y los sitios en los que son atendidos en psicología y trabajo social.
En esta ocasión se contó con la presencia del Magistrado, René Guillermo Girón, vocal II de la Corte Suprema de Justicia, así como de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, Clara de Paiz; además del Magistrado de Sala de Apelaciones, Jorge González, y las juezas Mabel Gutiérrez y Norma Palacios.
La Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, Clara de Paiz, indicó que hacer mejoras en el tratamiento juvenil, es una tarea pendiente de todos los actores que participan en el sistema para que así cuenten con mejores oportunidades de reinserción.
“Podemos generarles la confianza de que pueden regresar a una sociedad que los va a recibir porque, entonces, ya habrán rehabilitado sus conductas, pensamientos y emociones”, apuntó.
La funcionaria agregó que, de hecho, se reactivó la mesa técnica del Modelo de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, por medio de la cual evaluarán fallas existentes, y también buscarán los mecanismos para apoyar a la población juvenil privada de libertad.
Por su parte, el Magistrado, René Girón, señaló que un punto importante que identificaron fue el hecho de que un buen porcentaje de la población recluida es mayor de 18 años y por ello es necesario que se hagan reformas a las leyes pertinentes.
Texto: Cecilia García
Fotografías: Luis Sajché